Por decisión de la
IGJ y tras un acuerdo con la oposición, este oficialismo se vio en la
obligación de que el 4/6 deberá presentar los balances adeudados de los ejercicios
2021,2022 y 2023 y posterior a eso deberá realizar el llamado a asamblea.
Tras meses de falsas promesas, del no
cumplimiento por parte del presidente y el respaldo del hoy encargado de la
subcomisión de fútbol, respecto a lo dicho por ambos públicamente en una
emisión radial sobre el tema de la asamblea y la presentación de los balances y
las memorias. La comisión directiva se vio obligada que hasta el 4/6 tiene
tiempo para presentar los balances y memorias adeudadas y a posteriori el
llamado a asamblea. Esto según la audiencia de conciliación que tuvieron el presidente y secretario con un
sector de la oposición y los miembros de la Inspección General de Justicia y se
acordó que se utilizará el sistema de socios digital o el de la aplicación del
celular, en el que se hizo el último reempadronamiento, que es el único medio
fehaciente hoy por hoy para corroborar los socios que puedan participar de la
asamblea. Respecto a esto último, entendemos que se habla de que habría falta
de documentación en el área de socios (según la denuncia en la IGJ) y que eso
mismo debería dar las explicaciones correspondientes quién/es se encarga/an del
área, que serían los mismos que vienen manejando el sector desde sus comienzos.
O sea, que si existirá alguna anomalía, imprudencia, dejadez o ineficacia, etc,
se entiende que no es un problema acarreado por gestiones anteriores, y dicho
sea de paso, uno de los antecesores de
ese sector es el actual secretario y otros miembros de esta comisión y tras el traspaso de gestión no se denunció o
se replicó desde que asumió la nueva gestión y al menos públicamente,
desprolijidades en el sector de socios. Continuando con este tema, y más sobre cómo
podrían acceder los socios a la asamblea, mediante el nuevo reempadronamiento y
tomando como fuente fidedigna el sistema digital, estaría dejando de lado a
socios que quizás no quisieron o no pudieron adaptarse a este sistema y el club
estaría en falta con ellos en sus derechos, según indica el estatuto. Y si
están al día abonando la cuota social fuera de ese sistema, ¿cuál sería el
argumento por el cual se les impediría participar? y más entendiendo que si hubiese
existido una anomalía, ineficacia, dejadez, imprudencia, etc. ¿Por qué son
ellos los que deberían pagar por algo que ni siquiera sabrán o entenderán (como
nos pasa a nosotros en este momento) sobre lo que paso?.
Volviendo por donde comenzamos, está
noticia es una derrota política para el actual oficialismo, que no esperaban
que las actuales autoridades de la IGJ acompañaran al sector opositor en sus
petitorios y que muchos menos les exigieran en un plazo de menos dos meses
adecuar al club en sus obligaciones.